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El juicio del caso Factop se transformó en el test de estrés público de la CMF. Su credibilidad, erosionada, agrega un riesgo premium que hoy pagan todas las inversiones en Chile y presiona al peso hacia nuevos umbrales.
El riesgo país no se mide solo en tasas de interés o déficit fiscal. La calidad de la regulación financiera es su pilar fundamental. Cuando ese pilar se resquebraja, el costo lo asume todo el mercado. El caso del exgerente Luis Flores trasciende lo legal para convertirse en un indicador en tiempo real de la fortaleza institucional chilena.
En un escenario donde el dólar opera con firmeza por sobre los $925 y la inflación local aún exige cautela, cualquier señal de debilidad supervisora se amplifica. Los capitales globales, hiper sensibles al riesgo regulatorio, recalibran sus posiciones. El resultado es una presión adicional sobre la moneda local y un encarecimiento silencioso del financiamiento para las empresas.
- El Dato: Luis Flores, exgerente de STF, enfrenta una sanción de $428 millones y 5 años de inhabilitación. Su defensa acusa a la CMF de un proceso “viciado” y de haber tenido conocimiento previo de las irregularidades en Factop.
- Por qué importa: Un supervisor cuestionado eleva el riesgo país de inmediato. Los inversionistas, especialmente los institucionales extranjeros, exigen un mayor retorno (prima de riesgo) por la incertidumbre. Esto encarece el crédito externo, frena inversiones y debilita estructuralmente al peso chileno.
- Lo que viene: Escrutinio político extremo y potenciales ajustes regulatorios reactivos. Los mercados castigarán con volatilidad cualquier nueva señal de debilidad. El impacto será directo en el valor de carteras locales y en la cotización de activos chilenos en el exterior.
De la Sanción Individual a la Crisis Sistémica
La estrategia de la defensa de Flores es un misil de precisión contra la credibilidad de la CMF. No se limita a apelar una multa millonaria. Alega que el supervisor conocía los problemas en Factop desde enero de 2021 y, aún así, autorizó operaciones. Esta acusación cambia radicalmente la narrativa: de una falla puntual a una potencial negligencia sistémica.
El commodity más valioso en cualquier mercado financiero desarrollado es la confianza en el árbitro. Esa confianza sufre un desplome inmediato ante alegatos de este calibre. Flores, quien también enfrenta causas penales, busca explícitamente convertir su juicio en el juicio público del regulador. Su objetivo es claro: demostrar que la CMF “miró para el lado”.
Este proceso judicial expone la línea de flotación de todo el sistema financiero chileno. En un momento donde la economía necesita estabilidad para lidiar con presiones inflacionarias residuales y tipos de interés globales restrictivos, un supervisor bajo sospecha es la peor noticia posible. Dificulta la contención de futuras crisis y actúa como un lastre para la recuperación del crédito y la inversión.
“La prima de riesgo que hoy paga Chile no está solo en los bonos. Está en el spread de desconfianza que este caso inyecta en cada decisión de portafolio. Los capitales huyen de la opacidad, y el dólar a $925 es solo el primer síntoma.”
El Costo Tangible de la Desconfianza Institucional
El riesgo ya no es abstracto ni meramente legal. Es sistémico y cuantificable. La mención de un “audio de Luis Hermosilla” como presunta prueba omitida por la CMF quiebra la imagen de imparcialidad que todo regulador debe proyectar. Los gestores de fondos internacionales tienen modelos donde la calidad institucional es una variable clave. Esa variable acaba de ser marcada a la baja.
Este desgaste tiene un correlato directo en el bolsillo. Un riesgo país más alto se traduce en tasas de interés más elevadas para que Chile y sus empresas se endeuden en los mercados internacionales. Ese mayor costo financiero termina, siempre, en la ciudadanía: a través de menos inversión, menor creación de empleo y un peso más débil que encarece las importaciones y presiona la inflación.
La lección para el mercado es cruda e inmediata. La demanda por un rally de transparencia y eficacia supervisora no es un tema ético, es una necesidad económica urgente. La UF, ese barómetro interno de confianza, se sostiene en $39.643 en un entorno de dudas. Cada punto que el dólar gana por esta incertidumbre es un golpe al poder adquisitivo y a la valorización de los ahorros previsionales. ¿Cuánto más está dispuesto a pagar el mercado por un regulador en entredicho?