Fallo Fuente Alemana: Justicia Chilena Fija Responsabilidad Estatal

Sentencia en Caso Fuente Alemana: La Justicia Chilena Fija Responsabilidad Estatal y Aporta Claridad Económica

Santiago, Chile. La justicia chilena ha dictaminado un fallo significativo que aborda la responsabilidad del Estado en el contexto de los eventos que afectaron al país tras el estallido social. El 24° Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente la demanda presentada por los propietarios de la emblemática ex Fuente Alemana (Comercial Plaza Italia SpA), condenando al Fisco de Chile por falta de servicio, lo que representa un paso hacia la estabilización de la certeza jurídica para el sector empresarial.

La jueza Mónica Cortés Rosso acogió la acción judicial por daño derivado de la «falta de servicio» del Estado. La sentencia establece el pago de un total de $420.632.333 por concepto de lucro cesante, una cifra que refleja el impacto económico directo en las operaciones del negocio debido a la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad y el orden público en la denominada «zona cero».

Adicionalmente, el fallo contempla compensaciones por daño moral. Los beneficiarios son Claudio Siri Iglesias ($15 millones), Carlo Siri Scolari ($30 millones) y su esposa Paula Andrade Ifchenko ($10 millones). Esto eleva la indemnización total a $475.632.333, reconociendo el sufrimiento y las afectaciones personales derivadas de la situación.

La abogada Josefina Escobar, del estudio Ovalle / Consejeros Legales, destacó la relevancia de este veredicto: «Lo esencial para nosotros es que la justicia ha reconocido el abandono que sufrió la zona cero tras el estallido social. Según el fallo, este abandono se extendió por al menos tres años (desde octubre de 2019), período en el que el Estado no fue capaz de garantizar la seguridad y el orden público».

El tribunal basó su decisión, en parte, en el evidente deterioro de las cifras financieras de Comercial Plaza Italia SpA. Mientras entre 2014 y 2019 la empresa reportaba utilidades que oscilaban entre los $52 millones y los $341 millones anuales, el ejercicio de 2020 arrojó pérdidas por $163 millones. Aunque en 2021 hubo una recuperación a $62 millones de utilidad, estos datos ilustran el drástico impacto en la continuidad y rentabilidad del negocio.

A pesar de que la demanda original de los primos Carlo y Claudio Siri solicitaba una indemnización superior, de $1.200 millones, los empresarios anunciaron que presentarán un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto indica que el proceso legal aún no concluye, pero el fallo inicial ya sienta un precedente.

La resolución judicial también recordó cómo distintas autoridades reconocieron la compleja situación. Ministros como Rodrigo Delgado y Nicolás Grau, en diferentes momentos, anunciaron medidas de resguardo o pidieron disculpas públicas a nombre del Estado por la violencia que afectaba a quienes trabajaban y vivían en el sector de Plaza Baquedano. Estos antecedentes refuerzan la constatación de una problemática de seguridad pública prolongada.

Este fallo, aunque parcial, representa un hito importante. No solo ofrece una reparación económica a los afectados, sino que también subraya la importancia de la función del Estado en garantizar el orden y la seguridad para el normal desarrollo de la actividad económica y social. Para el mercado, esta sentencia puede interpretarse como una señal de que las instituciones chilenas continúan operando para brindar certeza jurídica, un elemento clave para la inversión y la confianza empresarial en un entorno estable.