OCDE Avala Reforma Previsional Chilena: Éxito en Juego 2026

La OCDE otorga su aval técnico al incremento de cotizaciones de la reforma previsional chilena, elevando la tasa de reemplazo cerca del promedio del organismo. Sin embargo, subraya que el éxito macroeconómico de la medida dependerá de una implementación impecable en 2026, donde la rentabilidad de los nuevos fondos generacionales enfrentará el test decisivo del mercado.

La arquitectura del sistema de pensiones chileno ha experimentado su modificación estructural más significativa en décadas. Con un tipo de cambio estable en los $928 y una Unidad de Fomento anclada en los $39.643, el entorno macroeconómico ofrece un escenario de relativa calma para evaluar los cimientos de esta reforma. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en un análisis frío y técnico, despeja dudas sobre la dirección de la política pero enfatiza los riesgos de ejecución que podrían diluir sus beneficios.

• El Dato: Tras la reforma, Chile incrementó su tasa de reemplazo proyectada, acercándola al promedio de la OCDE, según el informe “Pensions at a Glance”.
• Por qué importa: Una tasa de reemplazo más alta es un amortiguador directo contra la erosión del poder adquisitivo en la jubilación, impactando el consumo agregado futuro y la demanda interna en un contexto de incertidumbre global.
• Lo que viene: El foco 2026 estará en la transición técnica a los fondos generacionales, un proceso que la OCDE califica de “complejo” y que definirá la rentabilidad real del ahorro previsional, influyendo en los flujos de capitales del mercado local.

Validación Técnica y la Persistencia de un Riesgo Estructural: La Informalidad Laboral

El núcleo de la reforma –el aumento escalonado de las cotizaciones y el fortalecimiento de la Pensión Garantizada Universal– recibe un visto bueno explícito desde París. Pablo Antolín, jefe de pensiones de la OCDE, sostiene que estas medidas son necesarias para mejorar la suficiencia, un objetivo clave de política social. No obstante, su análisis macroeconómico identifica una variable crítica que la ley no controla: las lagunas contributivas derivadas de la informalidad y la intermitencia laboral. Este fenómeno actúa como un impuesto regresivo sobre el capital humano y distorsiona cualquier proyección actuarial ideal.

La pregunta sobre la optimalidad de la nueva cotización carece de una respuesta única. “Todo depende de dos cosas. Uno, cuánto quieren los chilenos tener de tasa de reemplazo. Y dos, cuántos años los chilenos van a contribuir”, señala Antolín. La segunda variable es la piedra angular. Mientras la tasa de informalidad no converja a los niveles de economías avanzadas, el ahorro nacional destinado a pensiones será subóptimo, y la presión fiscal vía PGU podría incrementarse más allá de lo proyectado, con implicancias para el gasto público y la presión tributaria.

“La aprobación de la reforma es un hito de política, pero su éxito macroeconómico será una función directa de la calidad de la implementación. Un error en la licitación del stock o en la gestión de los fondos generacionales podría traducirse en una caída de varios puntos base en la rentabilidad esperada, anulando parcialmente el beneficio del mayor ahorro.”

La Ecuación Crítica: Rentabilidad Esperada versus Costos Administrativos

El dilema técnico central que se avecina reside en la tensión entre eficiencia y costo. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) argumentan que los nuevos requisitos de liquidez y la licitación del stock podrían limitar su capacidad para invertir en activos de mayor retorno potencial a largo plazo. La OCDE no desestima este argumento de mercado. Antolín plantea un equilibrio de fuerzas donde la reducción de comisiones mejora la pensión neta, pero una potencial merma en la rentabilidad bruta la reduce. El resultado neto es una incógnita que sólo se despejará empíricamente post-2026.

El otro frente de inversión es la incorporación de activos alternativos. Aquí, el análisis de la OCDE pide precisión regulatoria. Invertir en infraestructura o capital privado –activos con horizonte de largo plazo y potencial de retorno no correlacionado con la bolsa– puede ser positivo para la diversificación de la cartera nacional de inversiones. Sin embargo, la categoría “alternativos” es amplia y puede incluir instrumentos de alto riesgo especulativo. La calidad de la regulación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la habilidad de los gestores serán determinantes.

Con la mirada en el próximo ciclo económico, el sistema previsional chileno entra en una fase de ejecución donde la teoría económica se enfrenta a la práctica del mercado de capitales. La reforma elevó el ahorro interno obligatorio, un factor positivo para la estabilidad macroeconómica. No obstante, la calidad final de ese ahorro, su rentabilidad real neta de costos, dependerá de una transición técnica impecable. ¿Estará la arquitectura institucional chilena a la altura de un proceso que, por su escala y complejidad, no tiene paralelo en la región?