La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha enviado una señal inequívoca al mercado chileno, imponiendo multas sin precedentes y revocando la autorización de Sartor Administradora General de Fondos (AGF). En un escenario donde el dólar se cotiza a $932, el euro a $1.066 y la Unidad de Fomento (UF) alcanza los $39.643, este golpe a la mesa resuena con fuerza, subrayando la vigilancia constante sobre la integridad financiera.
Sartor AGF: El Fin de una Era y Millonarias Sanciones
La CMF actuó con contundencia tras una exhaustiva investigación. El organismo regulador no solo retiró la licencia a Sartor AGF, sino que aplicó sanciones monetarias que suman más de $14.500 millones de pesos. Esta decisión marca un hito en la supervisión financiera nacional, demostrando la firmeza de la CMF ante prácticas irregulares.
¿Por Qué la CMF Actuó Así?
Los problemas en Sartor AGF emergieron de un proceso de supervisión iniciado en 2023, donde se descubrió que fondos administrados por la gestora habían financiado a personas y entidades ligadas a una serie de irregularidades financieras. Esta conducta contravino directamente la Ley Única de Fondos (LUF), poniendo en riesgo la confianza de los inversionistas y la transparencia del mercado.
La investigación, que cobró notoriedad en septiembre de 2024, reveló la necesidad de una intervención drástica para proteger la estabilidad del sistema y los intereses de los ahorrantes.
Los Nombres y las Cifras Detrás de las Multas
Las sanciones individuales fueron severas, apuntando directamente a la cúpula directiva de Sartor AGF. El presidente del directorio, Pedro Pablo Larraín Mery, recibió la multa más alta, ascendiendo a 80.000 UF, lo que equivale a unos $3.171 millones con la UF actual. Le siguió de cerca el gerente general, Alfredo Harz, con 75.000 UF.
Otros directores también enfrentaron importantes penalizaciones:
- Michael Clark: 65.000 UF (aproximadamente $2.576 millones)
- Mauro Valdés: 45.000 UF (aproximadamente $1.784 millones)
- Rodrigo Bustamante: 35.000 UF
- Juan Carlos Jorquera: 35.000 UF
- Óscar Ebel: 22.500 UF (tras una rebaja significativa)
- Miguel León: 10.000 UF
Además de las multas económicas, la mayoría de los directores (con la excepción de Miguel León Núñez) fueron inhabilitados por cinco años para ocupar cargos ejecutivos o directivos en entidades reguladas, una medida que busca reforzar la gobernanza corporativa.
Entre la Apelación y la Colaboración
La resolución de la CMF no ha cerrado el capítulo para todos los involucrados. Representantes de Michael Clark han expresado su disconformidad con la sanción, calificándola de injusta y anunciando la interposición de recursos legales ante la propia CMF y la justicia ordinaria. Destacan que Clark puede mantener su posición como presidente de Universidad de Chile, ya que su rol no se ve afectado por esta inhabilitación en el ámbito financiero regulado.
Por otro lado, el caso de Óscar Ebel resalta la importancia de la colaboración. Su abogado, Alejandro Espinoza, enfatizó que Ebel no obtuvo beneficios económicos de las irregularidades, sufriendo incluso pérdidas patrimoniales. La CMF reconoció su cooperación como "vital para aclarar exhaustivamente los hechos", lo que le valió una rebaja del 70% en su multa original, pasando de 75.000 UF a 22.500 UF.
¿Qué Implica Esto para los Inversionistas Chilenos?
Este episodio de Sartor AGF, y la enérgica respuesta de la CMF, envía un mensaje claro a la comunidad inversora en Chile. Primero, refuerza la confianza en la capacidad de los reguladores para identificar y sancionar malas prácticas, protegiendo así el ecosistema financiero.
Segundo, sirve como un recordatorio crucial para los inversionistas sobre la importancia de la debida diligencia al elegir dónde colocar sus capitales. La transparencia y la solidez de la gestión son pilares fundamentales, especialmente en un mercado que, como vemos con la fluctuación del dólar y la UF, requiere de máxima prudencia.
Finalmente, la decisión de la CMF establece un precedente relevante: la responsabilidad de los directores y ejecutivos es real y las consecuencias por incumplir la normativa son severas. Esto debería fomentar una mayor ética y profesionalismo en la administración de fondos, beneficiando a todos los actores del mercado y, en última instancia, a la economía del país.